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Asamblea Nacional: Diputados adoptan la ley del cambio climático PDF Imprimir E-mail

Cotonou, 19 de junio de 2018.- La Asamblea Nacional adoptó, el lunes 18 de junio, la ley n ° 2018-18 que regula el cambio climático en la República de Benín. El texto tiene como objetivo prevenir, proteger y gestionar las consecuencias del cambio climático en Benín en el corto, mediano y largo plazo.

Benín ha tomado medidas legislativas contra los efectos adversos del fenómeno del cambio climático. El proyecto de ley para regular el cambio climático se aprobó el lunes 18 de junio en la Asamblea Nacional. Fue iniciado por el Diputado Jean-Michel Abimbola y seis de sus colegas, y comprende un texto de 98 artículos organizado en 32 capítulos y dividido en diez títulos cuya adopción expresa la voluntad del país de tomar todas las medidas necesarias para prevenir, proteger y gestionar las consecuencias del cambio climático que podría enfrentar nuestro país en el corto, mediano y largo plazo términos.

La aplicación de esta ley permitirá, entre otras cosas, que Benín adopte medidas eficaces de respuesta, adaptación y mitigación al establecer objetivos específicos para el desarrollo económico y social sostenible, la seguridad y la eficiencia energética, de conformidad con disposiciones específicas de los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales relacionados con el cambio climático de los cuales es parte.

De acuerdo con la ley adoptada, el cambio climático se refiere a la variación atribuida directa o indirectamente a una actividad humana que afecta la composición de la atmósfera. El texto, en su artículo 5, establece, entre otros objetivos ambientales, la protección de los seres humanos y los asentamientos, los animales y las plantas contra las amenazas mundiales, como los gases de efecto invernadero, la alteración de la capa de ozono, pérdida de biodiversidad, manejo de áreas pastorales y conflictos asociados, deforestación, desertificación y sequía. Además, está el texto dirigido a combatir la contaminación del aire, el suelo, la superficie y la contaminación del agua subterránea y superficial, el manejo ambientalmente racional de los recursos no renovables de todo tipo de desechos y la reducción de riesgos de desastre.

La ley obliga al estado a adoptar políticas estratégicas apropiadas, algunas de las cuales están vinculadas a las comunidades locales, para la prevención, reducción y control de los efectos del cambio climático y los desastres naturales. La ley establece en este contexto que la implementación de cualquier política, estrategia, plan, programa y cualquier proyecto de desarrollo que pueda dañar el medio ambiente está sujeto a un estudio de impacto ambiental y social que integra el cambio climático. Esta medida se muestra en la sección 24 de la Ley.

Un impuesto sobre el carbono creado

El desarrollo y la promoción de las rutas de los biocombustibles no deben poner en peligro el respeto de los principios del acceso equitativo de las personas a las tierras agrícolas, la seguridad alimentaria y la protección y preservación del medio ambiente, en particular mediante la reducción gas de efecto invernadero. Con este fin, el texto prevé la emisión de un decreto en el Consejo de Ministros para establecer las condiciones y métodos de cultivo, compra y recolección de biomasa para la producción de biocombustible, la mezcla de biocombustibles con hidrocarburos fósiles refinado, importación y exportación de biocombustibles sin mezclar.

La ley obliga al Estado a tomar medidas para motivar la importación y el uso de los medios de transporte menos contaminantes, tomar medidas para facilitar la adquisición de nuevos vehículos de motor y motivar a los empresarios privados y las autoridades locales a desarrollar el transporte público. Un decreto emitido por el Consejo de Ministros debe fijar las características técnicas de los vehículos motorizados que pueden circular en el territorio nacional. El artículo 74 de la ley establece que el Estado debe prever una auditoría obligatoria y periódica para el control de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta auditoría se aplica a todos los sectores que consumen energía. Para este propósito, se prescribe estrictamente que la construcción de cualquier edificio de alto lujo estará sujeto a un estudio preliminar de impacto ambiental que integra la eficiencia energética.

"La importación, el almacenamiento, la comercialización, la distribución y el uso del asbesto están prohibidos", dice el artículo 76. Mejor aún, todas las actividades que emiten gases de efecto invernadero están sujetas a un impuesto denominado impuesto sobre el carbono». Los métodos para fijar el monto y la deducción de este impuesto se definirán en la Ley de Finanzas.

http://news.acotonou.com/h/109663.html Fuente: La Nation

 

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